El retroceso de las políticas frente a derechos fundamentales, exacerbadas por la criminalización de la protesta y la estigmatización de personas defensoras, son elementos críticos de la agenda social y ambiental.

El rebrote de los conflictos alrededor de los proyectos extractivos es un factor a tomar en cuenta de cara al trabajo con defensores de territorios. En esa línea, fortalecer las capacidades de las y los defensores, incidir y fortalecer las capacidades de las autoridades públicas y operadores de justicia para el reconocimiento y protección de personas defensoras del ambiente y el territorio, así como la mayor visibilidad y reconocimiento de esta situación por parte de la opinión pública, constituyen aportes esenciales en esta lucha.

Otra dimensión critica es la necesaria ratificación por parte del Perú del Acuerdo de Escazú para garantizar el derecho al acceso a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental. Persiste una fuerte oposición en el Congreso a su aprobación, por razones que van desde intereses económicos y políticos hasta incomprensión -potenciada por fake news- de su propósito y objeto. Apoyar el proceso nacional de aprobación del Acuerdo constituye un aspecto clave a reforzar.

En el contexto de mayor afectación de los derechos humanos y ambientales de las y los defensores, la justicia territorial -a través de la titulación colectiva e integral que garantiza la gobernanza sobre tierras y territorios para las comunidades- constituye un factor habilitador de seguridad muy importante. En ese marco, son fundamentales también los derechos individuales y colectivos  de las mujeres indígenas para garantizar su participación en la toma decisiones sobre la propiedad comunal.

Una de las dimensiones clave a impulsar como oportunidad y necesidad, es desarrollar y consolidar una mirada específica sobre la situación de las defensoras mujeres, quienes sufren afectaciones específicas y diferenciadas que requieren ser reconocidas y atendidas desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural.

Nuestras intervenciones giran alrededor de:

  • Normatividad e instrumentos de protección a defensores
  • Fortalecimiento de funcionarios y operadores de justicia
  • Articulación e incidencia ante el Estado