Tribunal Constitucional del Perú admite demanda contra Ley 30230

Por Miguel Lévano Muñoz, Oficial en Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú.

El sábado 12 de julio del 2014 el gobierno publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. Un año y 8 meses después, el Tribunal Constitucional (TC) admitió el pedido de inconstitucionalidad de esta ley, a pedido de un conjunto de instituciones de la sociedad civil y organizaciones sociales.

Dos años antes, (exactamente 640 días), cuando aún no se publicaba la ley, analistas indicaban que el crecimiento económico en el Perú mostraba una evidente ruta de desaceleración, propia en una coyuntura global de caída de precios de los minerales y de una economía nacional dependiente de estos recursos. Tras cinco años continuos de cifras positivas, en julio 2014 el PBI mostraba 1.16% de crecimiento, según el INEI. Los diversos sectores, a excepción de la minería e hidrocarburos, mostraban una evolución positiva. En el caso de la minería, desde marzo de ese año, dejaba ver una evolución negativa, que en abril 2014 alcanzó el -9.6%.

Frente a ese escenario la lógica parecía simple: limpiar de “barreras” u obstáculos las inversiones en este sector. Hacer más atractivo el país para que las grandes inversiones no se fuguen/vayan a otros países. Y así fue, el gobierno aprobó progresivamente un conjunto de decretos y leyes para “beneficiar” a diversos sectores, pero principalmente a energía y minas. Pero ¿un proceso de flexibilización ambiental y social podía reactivar la economía? La Ley N.° 30230 era una pieza clave en esa lógica.

Producto de ello, se debilitó a entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al limitar su función sancionadora durante tres años y reducir sus fuentes de financiamiento. En los últimos 2 años se han producido 7 derrames de petróleo en la Amazonía peruana, afectando los medios de vida y la salud de las poblaciones, pero lamentablemente esta ley termina protegiendo a las empresas responsables de estos daños, de posibles sanciones.

También se ha modificado la regulación de un instrumento tan importante como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De esta forma, se han reducido plazos, eliminado o reducido procedimientos, como la reducción a 15 días para la modificación de varios componentes auxiliares o principales de los proyectos de inversión a solicitud de su titular. Estos cambios ya están dando origen a conflictos sociales, o reactivando otros, como el ocurrido recientemente en la provincia de Cotabambas en torno al proyecto Las Bambas, que cobró cuatro vidas y cientos de heridos.

Frente a ello, por las razones mencionadas, y por el riesgo a la seguridad jurídica que representarían estas normas para las tierras y territorios aún no titulados de los siete millones de indígenas de comunidades nativas y campesinas, diversas organizaciones sociales, indígenas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, han iniciados acciones judiciales contra los diversos decretos y leyes que forman parte de este paquete “reactivador”. Una de ellas, contra la ley 30230. El TC admitió la demanda hace pocos días. Ahora toca que sus miembros debatan y resuelvan el pedido. Estemos atentos.

Enlace permanente: https://oxf.am/2uw7Cy2