Cambiando las reglas: diálogo y consulta previa en el lote 192

Después de más de tres años de diálogo, cuatro emergencias ambientales y una emergencia sanitaria (...), el 10 de marzo se logra suscribir un acta entre el gobierno central y los pueblos indígenas de esta zona.

Artículo de Miguel Lévano Muñoz, Oficial del Programa de Industrias Extractivas, Oxfam en Perú.

Iniciado el gobierno de Ollanta Humala, el Congreso de la República del Perú aceleró la aprobación de la Ley de Consulta previa y, un año después, el reglamento de dicha ley. El supuesto, en tiempos de crecimiento de la conflictividad social principalmente relacionada a las inversiones en industrias extractivas, era que este derecho ayudaría a canalizar las demandas sociales a través de un mecanismo reconocido por el mismo Estado peruano desde 1994, cuando ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre protecciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Posteriormente en agosto del 2012, el mismo gobierno anuncia el primer proceso de consulta previa para la explotación del Lote 1-AB, conocido desde ese momento como Lote 192, y que se realizaría antes de la suscripción del contrato de explotación, que ya tenía cerca de 40 años de actividad petrolera y del cual se obtiene más del 11% del petróleo nacional. Pero este no es sólo un lote que alberga una gran diversidad de especies de plantas y fauna silvestre amazónica, sino también a pueblos indígenas Kichwas, Quechuas, Achuar y Urarinas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre en la región amazónica de Loreto.

El anuncio fue tomado con interés por la población indígena, sus Apus (líderes de cada comunidad nativa) y los dirigentes de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), la Federación de Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP),  la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT). Este era una oportunidad para hacer visible y lograr atención a las demandas de indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus tierras, remediación de los pasivos ambientales y titulación de los territorios que incluyan las instalaciones petroleras.

Es así que las instituciones del gobierno realizaron varios procesos de diálogo. Incluso desde antes del anuncio de la consulta misma, con el fin de generar las condiciones que permitan se ejecute la nueva concesión petrolera, que se vence en agosto 2015.

Después de más de tres años de diálogo, cuatro emergencias ambientales, una emergencia sanitaria y dos comisiones multisectoriales, momentos de escalamiento del conflicto ante la lentitud imperdonable para asumir los graves problemas ambientales y de salud generados, el 10 de marzo se logra suscribir un acta entre el gobierno central y los pueblos indígenas de esta zona. Los acuerdos abordaron cuatro grandes temas: i) desarrollo integral e intercultural; ii) remediación ambiental; iii) titulación de tierras; y iv) licitación del Lote 192, consulta previa y participación ciudadana[1]. Este paso permitió encontrar salidas, algunas más concretas que otras, a la agenda postergada de los pueblos del oriente peruano, y así continuar con el proceso de consulta previa sobre la nueva concesión petrolera, que se debe entregar al nuevo titular en agosto 2015. Con ello, empezó inmediatamente el proceso de reuniones preparatorias y en mayo se logró aprobar de forma participativa un plan de consulta.

Cambiando reglas

Este caso no sólo es fundamental para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de las cuatro cuencas de Loreto, sino como influencia sobre las prácticas y políticas que afectan las condiciones de vida de la población originaria frente a las inversiones petroleras. Por un lado, los acuerdos de diálogo abordan temas centrales para las comunidades, entre ellos la remediación ambiental, que conllevó inmediatamente a la aprobación de una ley que crea un fondo de contingencia para la remediación ambiental frente a las actividades petroleras, que el gobierno central propuso y que fue aprobado por el Congreso de la República. El fondo tiene un  primer aporte de 50 millones de nuevos soles (US$ 16 millones) para iniciar la remediación en las cuencas del lote 192, además precisa que la remediación ambiental corresponde al operador responsable, en base al principio de internalización de costos, al que se exige a través de los mecanismos correspondientes. Este fondo se abastecerá de las sanciones que aplique el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Entonces, esta acción cambia el escenario de atención a las emergencias ambientales, empezando por la situación en las cuencas involucradas con el lote 192, que se complementa con la importante labor de monitores ambientales comunitarios voluntarios que permitieron identificar las zonas de mayor impacto.

Y el segundo cambio se refiere a las condiciones en que se establecerá el nuevo contrato con el que asuma la titularidad del lote petrolero, tanto en la prevención y control ambiental, como también con la inclusión de cláusulas que permitirán el beneficio económico directo a los pueblos indígenas de la zona, entre otros.  Esto pasa por la activa participación ciudadana indígena, a lo largo de toda la vida del proyecto petrolero, para minimizar los daños concretar un mecanismo que permita contar con un fondo para la implementación de proyectos de desarrollo, a partir de sus propios planes de vida comunal. Esto no se resumirá en un acuerdo entre sector privado y comunidades, sino que se realizará a través de la modificación de las condiciones mismas del contrato suscrito por el Estado con la empresa ganadora de la concesión, y que se realizaría por primera vez en el Perú si se logra llegar a un acuerdo en julio próximo. Ya el gobierno aceptó en el acta suscrita en marzo pasado, y en el plan de consulta, la posible modificación del contrato si es que se logra un acuerdo.

En ese sentido, el diálogo y la consulta viene jugando un doble rol: como derecho de los pueblos indígenas, pero sobre todo como estrategia para defender y ejercer otros derechos fundamentales. Para ello fue, y seguirá siendo, crucial que las comunidades, de diferentes cuencas y pueblos indígenas, lograran coordinar sus respectivas agendas frente a las negociaciones con el Estado; y mantuvieran su voluntad de diálogo, a pesar de las diversas señales contradictorias de representantes del gobierno.

Sin embargo, reconociendo los avances aún hay mucho por recorrer. En términos del diálogo, falta concretar varios acuerdos en titulación, salud y remediación, que no se limita a la creación del fondo sino depende de la implementación misma que tomará varios años. También de la  compensación sobre la que debe responder la empresa Pluspetrol Norte. En todo ello, el mejor criterio de verificación del cumplimiento de compromisos son los propios pueblos indígenas, se merecen eso después de soportar tanto durante 40 años.

Y en términos del proceso de consulta, y licitación para un nuevo titular del lote, lo mínimo que el Estado debe ofrecer son acuerdos de modificación del contrato y cambios en la normatividad sectorial. Las reglas no pueden seguir siendo las mismas, 30 años más de convivencia indígena con la explotación petrolera merece algo más.

[1]     Willaqniki N°, Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales. Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú – PCM. Lima, abril 2015.

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