Espinar: Nueva evidencia confirma contaminación por metales tóxicos en Antapaccay
Las comunidades quechuas y k’ana de la provincia de Espinar, Cusco, viven los estragos de la operación minera de Glencore. La contaminación por metales tóxicos en el ambiente y en las personas hasta la vulneración de los derechos de las comunidades son graves afectaciones relacionadas con Antapaccay, la mina de cobre a tajo abierto de la empresa suiza, según un nuevo informe de CooperAcción y Oxfam.
Una serie de nuevos estudios oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirman que sí existe contaminación causada por la actividad minera de Glencore, con riesgos significativos para la salud de las comunidades aledañas a Antapaccay, expuestas a niveles alarmantes de metales pesados, incluido el mercurio.
La investigación de CooperAcción y Oxfam advierte, por otra parte, que la expansión de Glencore a Coroccohuayco, que implica la compra de tierras de comunidades, está repitiendo los errores del pasado que llevaron a mayor fragmentación de las comunidades, pérdida de territorio y riesgo de su desaparición. Así, la empresa suiza estaría incumpliendo su compromiso con la debida diligencia y mejores prácticas en temas de derechos humanos y pueblos indígenas.
Más evidencia de contaminación
Desde hace más de 10 años, la contaminación por metales tóxicos en el ambiente y en las personas ha sido documentada en Espinar. Aunque Glencore rechaza tener cualquier responsabilidad al respecto, seis nuevos estudios del OEFA evidencian lo contrario.
Entre 2022 y 2023, los estudios analizaron el aire, agua, la flora y fauna e incluso a los animales domésticos en las 38 localidades de la provincia de Espinar, incluyendo los efluentes de la zona de beneficio de Tintaya.
En los estudios se confirma que las concentraciones de material particulado PM10, que puede penetrar profundamente en los pulmones, han superado repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos. Las zonas afectadas son la comunidad de Alto Huarca, así como parte de la comunidad de Alto Aira Ccollana y la zona de Propietarios privados Huinipampa en Katahuitaña.
Asimismo, se revela que los efluentes de la zona de beneficio incumplen las normas de calidad de agua para irrigación y uso ganadero, afectando directamente a las comunidades que dependen de estas fuentes. Además, la presencia de lixiviados, sustancia líquida, densa y que produce muy mal olor, en los botaderos impacta negativamente en la calidad del agua.
Por otra parte, se alerta de concentraciones de metales pesados en pasto andino y tejido vegetal, al igual que la fauna de áreas cercanas a las operaciones mineras. Además, los animales domésticos muestran signos de afectación, con incrementos en la salinidad del suelo y concentraciones que superan los límites tolerables en su alimentación.
En ese sentido, el informe de Cooperacción y Oxfam hace un llamado a que un enfoque de debida diligencia lleve a la empresa suiza "a tomar la iniciativa en la determinación de esta causalidad y en solucionar el problema, sin esperar que se lo exijan las autoridades peruanas".
Expansión a Coroccohuayco
En la actualidad, Glencore está expandiendo Antapaccay hacia una nueva zona denominada Coroccohuayco con lo que abarcaría más de 200 km2. A pesar de la magnitud del proyecto, las negociaciones para la adquisición de tierras de comunidades indígenas quechua y k’ana. parecen estar incumpliendo los principios de debida diligencia y transparencia, alerta el informe de CooperAcción y Oxfam.
En efecto, se detectó que la compañía suiza viene proporcionando información contradictoria, dificultando la capacidad de las comunidades para negociar de manera informada. Por ejemplo, Glencore no ha sido claro en indicar que la extensión del área implicaría casi la desaparición de la comunidad Pacopata, lo que exigiría un plan de reasentamiento siguiendo las recomendaciones del Convenio 169 de la OIT y el estándar 5 de la International Finance Corporation (IFC) Performance Standards.
Un legado tóxico en Colombia y Perú
El modelo de Glencore, una de las mayores empresas del mundo, continúa teniendo graves consecuencias tanto para las comunidades locales como el medio ambiente. En Colombia, la mina de carbón en Cerrejón desplazó a comunidades indígenas y contaminó el medio ambiente. Después de cuatro décadas de respirar constantemente el polvo tóxico de la mina, un tercio de la población de la región de La Guajira (casi 340.000 personas) sufre síntomas respiratorios, advierte una reciente investigación de Fair Finance International y Oxfam.
Esta investigación, que recoge evidencia de Colombia y Perú, analiza cómo los principales bancos e inversores europeos están respaldando las actividades mineras tóxicas de Glencore. En efecto, casi el 50% de los préstamos y aseguramientos de Glencore durante los últimos seis años provinieron de bancos europeos como UBS y Société Generale, por un importe de 41,2 mil millones de euros.
Al invertir o prestar dinero a empresas como Glencore, los bancos y los inversores desempeñan un papel crucial y tienen influencia. De ahí, la importancia de que, según Oxfam, en la nueva Directiva de Debida Diligencia Corporativa en la Unión Europea, en proceso de negociación, se asegure que los bancos y los inversores no puedan seguir financiando violaciones de derechos humanos y medioambientales.