Lima, 09 de noviembre de 2026. El 66% de las personas defensoras de derechos humanos consultadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas considera que su situación empeoró en el último año. Así lo señala el primer informe de Andrea Bolaños Vargas ante la Asamblea General de la ONU, que recoge la experiencia de 1122 personas defensoras de todo el mundo.
Esta realidad fue abordada durante una mesa técnica realizada en el Congreso de la República, convocada por el despacho de la senadora Ruth Luque con el apoyo de Oxfam en Perú. El encuentro reunió a parlamentarias del Senado y de la Cámara de Diputados, así como a representantes de instituciones públicas para intercambiar perspectivas sobre las obligaciones internacionales del Estado peruano, la situación de las personas defensoras y los avances y desafíos de los mecanismos de protección existentes.
Un riesgo en aumento
La visita académica de Andrea Bolaños al Perú se da pocas semanas después de presentar su primer informe como Relatora Especial ante la Asamblea General (A/81/167). Sus hallazgos confirman que el entorno para la defensa de los derechos humanos es “cada vez más hostil y restrictivo” y revelan “un patrón cada vez más sistemático de represión” contra las personas defensoras en todo el mundo.
Según su informe, en América Latina y el África subsahariana los ataques contra la integridad física de las personas defensoras fueron identificados como “el principal riesgo después de la criminalización”. Las mujeres defensoras, además, siguen enfrentando formas de represión específicas de género y en todas las regiones del mundo los actores estatales fueron señalados como los principales perpetradores de violaciones. La Relatora advierte, asimismo, que la estigmatización “suele ser la antesala de nuevas violaciones” y debe reconocerse como una grave preocupación de derechos humanos.
En el Perú, según el Registro sobre situaciones de riesgo a personas defensoras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), hasta octubre de 2026 se han documentado 642 situaciones de riesgo que involucran a 936 personas defensoras y 142 familiares. Ucayali encabeza el registro con el 17,76 % de los casos. Las personas defensoras ambientales son las más afectadas, y las economías ilegales, la principal fuente de amenazas. Los riesgos alcanzan también a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y defensoras de los derechos de las mujeres.
El desafío de fortalecer los mecanismos de protección
Durante la mesa técnica, la Relatora Especial abordó los estándares internacionales aplicables a la protección de las personas defensoras y recordó que uno de los llamados de su primer informe es reconocer públicamente, y al más alto nivel, la labor de quienes defienden derechos. “Las personas defensoras de derechos humanos son aliadas de la democracia y del Estado de derecho, y están defendiendo los derechos de cada uno de nosotros”, señaló Bolaños Vargas.
Desde 2021, el Perú cuenta con el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 004-2021-JUS y modificado mediante el Decreto Supremo N.º 002-2022-JUS. Uno de los desafíos identificados es asegurar su implementación efectiva y coordinada, con capacidad para responder a las necesidades de protección en los territorios.
En la mesa técnica, representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, del Interior, del Ambiente, de Cultura y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, presentaron información sobre las medidas de seguridad, la protección de las personas defensoras ambientales e indígenas, la atención a las mujeres defensoras y las investigaciones de amenazas, agresiones y asesinatos.
Este espacio de diálogo también permitió abordar el rol del Parlamento en el fortalecimiento de las políticas y los mecanismos de protección, a través de la agenda legislativa y del control político, con la participación de las senadoras Ruth Luque y Susana Matute, así como las diputadas Rossana Alayza y Giannina Avendaño.
Un compromiso compartido
Para Oxfam en Perú, la visita académica de la Relatora Especial es una oportunidad para que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional construyan una lectura común sobre los riesgos y las respuestas necesarias.
“Las personas defensoras de derechos humanos, las defensoras ambientales, los líderes y lideresas indígenas y las periodistas defienden la democracia todos los días. Cuando se las amenaza, no se ataca solo a una persona, se debilita la democracia de todas y todos. Protegerlas es apostar por un país menos desigual, donde todos y todas podamos participar sin miedo”, señaló Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú.
De otro lado, la senadora Ruth Luque Ibarra, expresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, destacó la importancia y urgencia de contar con los “Lineamientos de Actuación para la implementación de las medidas de protección o medidas urgentes de protección” a cargo de la Policía Nacional del Perú, así como garantizar una adecuada articulación y diálogo intercultural con las guardias indígenas en diversos territorios del país.
La mesa técnica formó parte de la agenda de la visita académica de la Relatora Especial al Perú, del 2 al 6 de noviembre, que incluye espacios de diálogo con personas defensoras de derechos humanos, defensoras ambientales, periodistas, defensoras de los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, juventudes e instituciones públicas.