Hace casi una década, el derrame de 2 358 barriles de petróleo marcó las vidas de las comunidades cocamas de la quebrada de Cuninico, en Loreto. Su lucha arrancó el mismo día en que descubrieron el crudo derramado por una fuga en el Oleoducto Norperuano de la empresa estatal Petroperú.

Sin embargo, la defensa legal de las comunidades Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Nueva Santa Rosa no ha sido fácil. La reciente investigación Reconocer el daño, con apoyo del Instituto de Defensa Legal y Oxfam en Perú, aporta al proceso legal de las comunidades en búsqueda de una reparación efectiva.

“Queremos justicia para los pueblos afectados, ya no más daño”, expresó Loydi Macedo, lideresa de la comunidad San Francisco, durante la presentación del estudio. “Nuestras quebradas están contaminadas, ahora tenemos que beber agua de lluvia, no podemos comer nuestros pescados y hay enfermedades desconocidas”, detalló.

La investigación de la economista Kely Alfaro fue elaborada a pedido de las mismas comunidades y ofrece una cuantificación del daño ocasionado por el derrame, centrado en el acceso de las familias a los recursos naturales que garantizan su bienestar, como plantas medicinales, peces, entre otros.

Un caso emblemático

Más de 560 derrames petroleros han afectado la Amazonía peruana en los últimos 25 años, según la investigación La sombra de los hidrocarburos  de Oxfam en Perú. En esa lista, el de Cuninico es uno de los mayores derrames de la historia peruana y un caso emblemático por sus repercusiones.

En efecto, este es el primer derrame en el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reconoce la responsabilidad administrativa de Petroperú debido a la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, y el daño real a la flora y fauna y el daño potencial a la vida y salud humana. Además, es el primer derrame en que una sentencia del Tribunal Constitucional ordena la compensación económica de parte de la empresa estatal a las comunidades por los daños causados por la contaminación.

El daño que persiste

La valoración económica que ofrece Reconocer el daño contribuye al proceso legal que vienen llevando las comunidades afectadas para acceder a la compensación ordenada por el Tribunal Constitucional.

Según la investigación, el daño asciende a 3,848,705 soles anuales en términos económicos en cuanto a pesca, caza, recolección y plantas medicinales, cifra que podría ser mayor si se considera otros impactos en agua, salud, cultura, organización, agricultura y el transporte que ahora asumen las familias para poder pescar, recolectar o cazar.

“Es un llamado de atención de que el impacto del derrame no es algo abstracto, hay familias que dependen de ese territorio a las que se les están generando necesidades que antes no tenían”, aseguró Kely Alfaro, economista y autora de la investigación. “Contaminar los recursos naturales es empobrecer a las comunidades”.

En esa línea, el estudio aporta “al reconocimiento del derecho a la compensación que deberíamos defender y no ocultar”, explicó Miguel Lévano, coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam en Perú. “También es un instrumento para la acción, para el aprendizaje y, sobre todo, un llamado contra la impunidad frente a las afectaciones de derechos que esperamos no sigan sucediendo”.

Las pérdidas de bienestar en términos de consumo implican un aporte mensual aproximado por cada familia en la comunidad de Cuninico de cerca de S/ 1192,6; en la de San Francisco, de S/ 750,3; en la de Nueva Santa Rosa, de S/ 717,1; y en la de Nueva Esperanza, de S/ 624,3.

Pero no todo el daño puede ser valorizado económicamente, explicó Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Justicia Constitucional del Instituto de Defensa Legal. “Aun así este trabajo constituye una herramienta valiosa para que las comunidades afectadas exijan que la empresa asuma su responsabilidad en el derrame por todos los daños ocasionados”.

Según el estudio existe una fractura evidente en la percepción de futuro de las familias afectadas por la contaminación. De hecho, el 92% considera que sus hijos e hijas tienen peores condiciones de vida debido al derrame: por la escasez de recursos (52,7 %), el aumento de enfermedades (22,6 %), la contaminación de la tierra y el agua (21,0 %) y el encarecimiento de productos (11,3 %).

“El derrame nos ha afectado en todos los aspectos: en lo social, económico, cultural y ambiental”, aseguró Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón “Son nueve años que estamos en este proceso legal y, aunque logramos justicia, todavía falta que esa compensación llegue a las comunidades”.