Lima, 27 de octubre de 2025. — Durante su visita académica al Perú, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre cambio climático y derechos humanos, Elisa Morgera, advirtió que la energía renovable, especialmente la solar y la eólica, es clave para permitir la eliminación gradual de los combustibles fósiles, contribuyendo a la acción de mitigación del cambio climático más efectiva y previniendo impactos aún más generalizados y graves en los derechos humanos derivados del cambio climático

Asimismo, la experta informó que se han documentado en todo el mundo graves violaciones de derechos humanos y desplazamientos vinculados a megaproyectos de energías renovables y a la carrera por minerales necesarios para la transición energética. “Pueblos indígenas, campesinos, mujeres, niñas, niños y trabajadores han sido quienes más han sufrido estas violaciones”, señaló Morgera. “Estos proyectos también pueden causar daños ambientales, con impactos negativos adicionales en los derechos a la alimentación, al agua y a un ambiente sano”.

Hacia el abandono de combustibles fósiles

En el informe “La necesidad imperiosa de desfosilizar nuestras economías” (A/HRC/59/42), se sostiene que al menos el 60% del petróleo y gas y el 90% del carbón deben dejarse sin extraer, sobre todo teniendo en cuenta que “cada etapa del ciclo de vida de los combustibles fósiles vulnera los derechos a la salud, a la vida y a un medio ambiente sano”, afectando especialmente a pueblos indígenas, campesinos y personas afrodescendientes.

Por su parte, el informe “Adopción de un enfoque basado en los derechos humanos en la transición energética” (A/80/188) alerta que más del 50% de los minerales críticos para la transición se encuentran en territorios indígenas, donde se repiten patrones de despojo, contaminación y violaciones de derechos humanos. 

Ambos documentos subrayan que los Estados tienen la obligación de abandonar progresivamente los combustibles fósiles y de garantizar que toda transición energética sea justa, equitativa y basada en los derechos humanos, con participación plena de las comunidades más afectadas.

Las transiciones deben ser justas y basadas en derechos

Los documentos advierten que una transición energética sin equidad puede profundizar las desigualdades existentes, y que los Estados deben planificar transformaciones estructurales más amplias, que incluyan el acceso justo a la energía, la protección de los territorios indígenas, la igualdad de género, la sostenibilidad laboral y la justicia fiscal.

Para Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú, los informes constituyen una oportunidad de profundizar las discusiones en el país sobre las transiciones que son necesarias para enfrentar las desigualdades estructurales.

“Los informes de la Relatora nos interpelan profundamente. Nos recuerdan que hablar de transición energética sin hablar de justicia social, económica y de género, así como de pueblos indígenas, es repetir los errores del pasado. En el Perú necesitamos discutir no solo la transición energética, sino todas las transiciones necesarias —económica, productiva y social— para enfrentar las desigualdades estructurales y avanzar hacia un futuro más justo y sostenible”, señaló.

En esta línea, la discusión en torno a la transición energética exige también considerar a las personas y sectores afectados con los modelos económicos que se abandonan y, en ese sentido, adoptar las políticas estatales orientadas a reparar dichos impactos y afectaciones.

Recomendaciones a los Estados y las empresas

Los informes recomiendan a los Estados prohibir nuevas exploraciones y explotaciones de combustibles fósiles, eliminar gradualmente sus subsidios y armonizar las leyes de cambio climático, energía, agua y derechos humanos para garantizar coherencia en las políticas públicas (A/HRC/59/42, párr. 58–63; A/80/188, párr. 63).

Asimismo, instan a los gobiernos a fortalecer la cooperación internacional y las salvaguardas contra las prácticas neocoloniales que concentran los beneficios de la transición en los países más ricos (A/80/188, párr. 73).

En materia empresarial, los informes exhortan a que se adopte una diligencia debida obligatoria en derechos humanos y medio ambiente, con especial atención a las cadenas de suministro de minerales para la transición energética (A/80/188, párr. 63.c).

Se advierte además que las empresas multinacionales de combustibles fósiles gozan de una protección indebida contra la acción climática en virtud de acuerdos bilaterales de inversión, y que los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados tienen un efecto paralizador sobre la elaboración de legislación y políticas climáticas. Estas prácticas impedirían a los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales en materia ambiental y prolongarían los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos.” (A/HRC/59/42, párr. 35–36)

La visita académica de la Relatora Especial brindó la oportunidad de discutir los informes con sectores de la academia y la sociedad civil del Perú.

Información adicional

  • Según el informe A/HRC/59/42, más de 8 millones de muertes prematuras al año se atribuyen a la contaminación del aire derivada de la quema de combustibles fósiles (párr. 21.a).
  • El 80% del suministro mundial de energía primaria sigue proviniendo de los combustibles fósiles, pese a las metas del Acuerdo de París (párr. 11). En el caso del Perú, según el Ministerio de Energía y Minas el 73.9% de nuestras fuentes de energía provienen de combustibles fósiles.
  • El informe A/80/188 recuerda que las energías renovables deben desarrollarse bajo nuevos modelos económicos que prioricen el acceso equitativo a la energía y la eficiencia, evitando “la producción y el consumo excesivos” (párr. 6).