La Amazonía peruana enfrenta una profunda crisis de seguridad jurídica que pone en riesgo los derechos territoriales de los pueblos indígenas, favorece el avance de actividades extractivas y economías ilegales, y expone a quienes defienden sus territorios a crecientes amenazas y actos de violencia. En este contexto, el informe Desigualdades y conflictos en la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas y situación de personas defensoras indígenas en la Amazonía analiza las principales barreras que impiden garantizar la protección efectiva de los territorios indígenas y evidencia cómo estas afectan la vida, la autonomía y los derechos colectivos de sus comunidades.

A partir de un enfoque de desigualdades y justicia ambiental, complementado con perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad, la investigación examina el marco normativo que regula la titulación de tierras, los procesos de saneamiento físico-legal y las amenazas que enfrentan las personas defensoras indígenas. El estudio combina revisión documental, entrevistas a líderes y lideresas indígenas, representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil, así como talleres de validación de resultados.

El informe dedica especial atención al caso de Ucayali, una de las regiones con mayores desafíos en materia de titulación y protección territorial. Sus hallazgos muestran cómo la fragmentación normativa, la superposición de derechos, la corrupción, la limitada capacidad institucional y la expansión de economías ilegales profundizan los conflictos sobre la tierra y aumentan los riesgos para las comunidades y sus defensoras y defensores. Asimismo, evidencia que la titulación, aunque indispensable, no es suficiente para garantizar la protección efectiva de los territorios sin una acción estatal coordinada y con enfoque de derechos.

Finalmente, la publicación presenta conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica de los territorios indígenas, promover una gobernanza territorial que respete los derechos colectivos y garantizar condiciones efectivas de protección para quienes defienden la Amazonía peruana.