Estudio revela un aumento alarmante de la violencia contra las mujeres defensoras de la Amazonía peruana
El Perú es uno de los 10 países más peligrosos para las personas que defienden el territorio y el ambiente, según Global Witness. Esa violencia se ha agravado aún más en contra de las mujeres defensoras. Entre 2021 y 2022, los casos de riesgo para las defensoras en la Amazonía peruana se han duplicado, según un nuevo estudio de Oxfam y el Proyecto Prevenir de USAID.
El estudio "Defensoras ambientales en la Amazonía peruana. Riesgos, necesidades y oportunidades para su protección" es el primero en el país que dimensiona a fondo la situación de estas mujeres desde las brechas que existen para su efectiva protección, siendo un grupo especialmente vulnerable por su labor en defensa del ambiente y los derechos humanos.
El documento identifica que a nivel nacional se han registrado 261 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos en los últimos 20 años, según el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. De estos, el 23% fue en contra de defensoras en la Amazonía peruana.
Entre 2021 y 2022, el estudio señala que el número de defensoras en situación de riesgo aumentó cuatro veces, pasando de 9 a 37 casos a nivel nacional. En la Amazonía, los casos se duplicaron, de 4 casos en 2021 a 8 en 2022, según el registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los ataques fueron perpetrados principalmente por actores involucrados en economías ilegales en la Amazonía, como la tala ilegal, el narcotráfico, la minería informal e ilegal, el tráfico de tierras, el tráfico de especies y otros recursos naturales.
Además de enfrentar los mismos riesgos que sus pares defensores, las mujeres soportan otras formas de violencia específicas como acoso, violencia sexual, difamación y estigmatización por roles de género, criminalización y exclusión de espacios de toma de decisión.
El estudio, que incluye las voces de defensoras ambientales indígenas y no indígenas, también subraya las estrategias de autoprotección individuales y colectivas que despliegan frente a la respuesta del Estado peruano.
En ese sentido, el estudio aborda la respuesta del Estado, exponiendo los avances y limitaciones del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como otras medidas estatales de protección disponibles.
Los testimonios evidencian que el Mecanismo Intersectorial no está cumpliendo de manera adecuada su función, con tiempos de respuesta que superan ampliamente lo previsto por la norma, lo que impide una atención oportuna ante emergencias. El mecanismo tampoco presenta consideraciones relacionadas con interculturalidad y roles de género, como los cuidados, especialmente, de menores de edad y personas que los requieren cuando una mujer defensora está en situación de riesgo.
Entre las recomendaciones al Estado peruano, incluidas las principales instituciones responsables como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público, se insta a fortalecer sus políticas y mecanismos de protección, en estrecha colaboración con las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, para salvaguardar la vida y el trabajo de las mujeres defensoras ambientales.