Mujeres y territorio

La lucha por el reconocimiento y la participación de las mujeres indígenas, andinas y amazónicas en el Perú

Autora / Autor: 
Roxana Vergara
Fecha de publicación: 
Martes, 1 Septiembre, 2020

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En el Perú, el 49,7% del territorio está gestionado por comunidades campesinas y pueblos indígenas; sin embargo, las mujeres, a pesar de representar más del 50% en dichas comunidades, tienen dificultades en el acceso a los espacios de decisión sobre dicha gestión territorial.

Las mujeres indígenas, andinas y amazónicas en el Perú conocen de primera mano realidades en sus comunidades relacionadas a la gobernanza del territorio. Ellas participan directamente en actividades agrícolas, pastoriles y forestales, además de hacerse cargo de niños, jóvenes y ancianos en su familia, casa y vecindario. Se enfrentan directamente a problemas socio ambientales, muchas son víctimas de la violencia de género y de algunos hombres que entablan relaciones con ellas para hacerse de los recursos familiares y comunales. Poseen además experiencia de gestión al formar parte de organizaciones de base como los clubes de madre, las asociaciones de padres de familia y los comités de autodefensa, manejo de agua y del programa vaso de leche, entre otros.

Este libro da cuenta de un proyecto de intervención con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la toma de decisiones y participación efectiva de las mujeres indígenas en la gobernanza de la tierra y la gestión del territorio a través de la modificación de estatutos comunales y la incorporación de cuotas de género en las listas para las elecciones comunales. El proyecto se llevó a cabo durante tres años —de 2016 a 2019— y fue liderado por Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) con el apoyo de Oxfam, organizaciones de mujeres a nivel comunal, local y regional, directivos de las mismas comunidades, municipalidades, ong locales, y muchas mujeres lideresas.

La publicación es el resultado de una evaluación de cinco experiencias de implementación de la intervención en comunidades campesinas y nativas de Ayacucho, Huancavelica, Ucayali, Junín y Lima. Se analizaron y sistematizaron cincuenta documentos producidos en el marco del proyecto como propuestas, informes, libros de actas, estatutos antiguos y modificados, partidas registrales de la Sunarp, agendas institucionales y legislación pública, entre otros. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a 147 personas como directivas nacionales, responsables de proyectos, promotoras y directivas de organizaciones de base, integrantes del equipo de trabajo de Oxfam, lideresas comunales, directivos de organizaciones indígenas y funcionarios de instituciones estatales y privadas.

La estrategia para mejorar las condiciones de acceso de las mujeres indígenas fue la sensibilización de autoridades comunales y sus habitantes, hombres y mujeres, acerca de la importancia de las voces femeninas en las tomas de decisiones sobre la tierra; luego de lo cual se trabajó en la modificación de los estatutos comunales en las cinco comunidades para permitir el reconocimiento explícito de las mujeres como comuneras calificadas y la incorporación de mujeres en la junta directiva de la comunidad a partir de cuotas de género.

A través de la descripción de los contextos de cada una de las cinco comunidades, evaluación de los resultados del proceso de la intervención y las historias de vida de las mujeres seleccionadas, se abordan de manera directa las diversas realidades a nivel comunal que confrontan las mujeres indígenas de manera cotidiana.

Experiencias Personales, Cambios Colectivos

La primera comunidad descrita en el libro es la comunidad campesina Uras en la región de Ayacucho. La comunidad se ubica a una altura superior a los 2500 metros en los Andes a cuatro horas de la ciudad de Huamanga y al 2017 según el censo nacional tenía 130 habitantes. La mayor parte de la comunidad tiene como lengua materna el quechua, pero maneja también el castellano, aunque las mujeres tienen más dificultad en hablarlo. . La población fue golpeada durante la época del conflicto armado interno,en el distrito de San Miguel, donde se ubica la comunidad de Uras, se registraron 3884 casos de violencia.

No obstante, la institucionalidad de la comunidad campesina es fuerte y se sostiene sobre la junta directiva, comités de autodefensa, riego, vaso de leche (entre otros) y una ancestral conciencia de colectividad. El territorio se enfrenta a actores externos como los del proyecto Camisea (el gasoducto atraviesa el territorio comunal) y las comunidades colindantes, como también a tensiones internas entre los comuneros desplazados que regresan al territorio y los que no respetan los linderos familiares.

Antes del proyecto, las mujeres no eran reconocidas en los estatutos como comuneras calificadas para participar con voz y voto en las decisiones comunitarias, a excepción de las viudas y las madres solteras al no tener una pareja varón que las represente. A pesar de esto, las mujeres sí tenían experiencia en organización, dirección y articulación a partir de su participación local en el programa del Vaso de Leche, los comedores populares y la Asociación de Padres de Familia en las escuelas.

El proceso de modificación de estatutos en Uras incluyó la presentación del proyecto ante directivos y consulta en asamblea comunal, reuniones de sensibilización en los que participaron comuneros y comuneras, reuniones con el comité estatutario para la elaboración del nuevo estatuto, taller de aprobación del nuevo estatuto en la asamblea estatutaria y la inscripción en la Sunarp.

El resultado de la intervención logró que las mujeres sean reconocidas como comuneras calificadas en el estatuto de la comunidad, se establezca una cuota de género del 30 % en los procesos de elección de la junta directiva comunal y la elección por primera vez de una mujer casada como vocal de la junta para el periodo 2018-2019. Este hecho destaca ya que la última vez que una mujer había integrado la junta directiva había sido para el periodo 2003-2004, cerca de 15 años atrás.

La historia de vida narrada en esta primera intervención es la de la vocal elegida en la comunidad de Uras: Magdalena Arcce Silva, mujer quechuahablante. Su elección se debe a múltiples factores como el reconocimiento de su capacidad de trabajo y dedicación desarrolladas en condiciones difíciles como las de violencia familiar, el terrorismo, el abandono escolar y la migración. Magdalena obtuvo su capacidad de trabajo y dedicación llevada por la necesidad de mantener como madre a su familia y, ante un accidente de su esposo, reemplazándolo durante tres años en las faenas comunales con 'pico y pala' en la construcción de la escuela, las obras de irrigación y los viveros de plantas forestales. A esto se suma su participación como lideresa en organizaciones comunales como presidenta de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), del Club de Madres y de la Liga Femenina de la Iglesia cristiana local. Recibió talleres sobre igualdad de hombres y mujeres a través de su participación en el comité del vaso de leche. A partir de la modificación de los estatutos se abrió la posibilidad para que resultara elegida para formar parte de la junta directiva en donde como vocal convoca las reuniones, planifica la agenda con los otros directivos, delega funciones y asume responsabilidades, entre otras funciones.

Los cambios legales y comunales a partir del proceso de intervención del proyecto en la comunidad de Uras son similares en las siguientes tres comunidades revisadas: la comunidad campesina de Congalla en la región andina de Huancavelica, en la comunidad nativa de Shambo Porvenir en la selva baja de Ucayali y en la comunidad nativa de Shintoriato en la selva alta de Junín. En la quinta localidad descrita, la comunidad campesina de Pirca en la provincia de Huaral en la región Lima, no se lograron terminar los cambios estatutarios.

Al igual que en Uras, en Congalla los habitantes son quechua hablantes en su mayoría y existen condiciones similares en cuanto a factores externos e internos que afectan la gobernabilidad del territorio. No obstante, no se reconocía a las mujeres como comuneras calificadas, ya habían sido parte de las juntas directivas en años anteriores. A través del proyecto se incorporó en los estatutos la condición de comuneras calificadas a las mujeres para que participasen en el gobierno comunal, propiciando que en la elección de la nueva junta directiva para el periodo 2019-2020 de los siete cargos cinco sean ocupados por mujeres. También se logró, al igual que en las otras intervenciones, que se debatiera la gestión territorial interna enfocándose en temas como los problemas limítrofes, los derechos comunales y la Ley de Consulta Previa.

La historia de vida narrada en Congalla es la de Eugenia Sulca, elegida como fiscal de la comunidad para el periodo 2019-2020 en base a su reconocimiento como lideresa campesina, ya habiendo ocupado cargos anteriormente de presidenta comunal, regidora distrital, jueza de paz accesitaria y presidenta de los comités de regantes y construcción. Su desarrollo como líder fue en base a su historia personal familiar, así como su participación en las organizaciones de base, como presidenta del programa Juntos y del Vaso de Leche. Ya en el pasado había sido honrada por su comunidad como buena regidora a través de la costumbre denominada 'viga huantuy' (huantuy en quechua significa 'cargar en conjunto), en donde la subieron a un tronco de un árbol ('viga' o tronco de eucalipto) y fue paseada por el parque del pueblo.

En la tercera intervención, la de la comunidad nativa Shambo Porvenir, el contexto cambia al ser una comunidad amazónica shipibo-konibo en donde se ha vivido y continúan viviendo historias relacionadas a las actividades extractivistas como las del caucho, el gas, el petróleo y los bosques nativos, junto a la colonización por parte de grupos foráneos. Sin embargo, las demandas por una mejor gestión territorial son similares y muchas mujeres indígenas han ganado experiencia a través de su participación en organizaciones de base como en el comité del Vaso de Leche y en talleres sobre liderazgo, derechos territoriales y cambio climático. Como resultado de la intervención se logró modificar los estatutos comunales incorporando un lenguaje inclusivo. Además, se lograron introducir cuotas del 40 % en favor de las mujeres y 30 % de los jóvenes en las listas de candidatos para favorecer su elección en la junta directiva. A esta disposición, se sumó la de incluir a las mujeres en el padrón electoral para asegurar su participación en diversos cargos y comisiones.

La historia de vida en Shambo Porvenir es la de Celia Valera, elegida como la primera teniente gobernadora que ha tenido la comunidad nativa. Siendo madre de cuatro hijos y con una complejidad respecto a sus problemas familiares y de educación regular, ha desarrollado su liderazgo en base a su historia personal familiar y la migración por trabajo que tuvo que realizar en otras regiones del país como Junín, Loreto e Ica. Como teniente gobernadora tiene que atender problemas familiares al interior de la comunidad, como abandono y reconocimiento de hijos o violencia familiar. Además, tiene como tarea proteger a la comunidad y el territorio del ingreso de personas externas que quieran extraer recursos o invadir el territorio. Si bien no es la primera teniente gobernadora en el distrito, es una de las primeras mujeres shipibas en ocupar el cargo abriendo los caminos y aprendizajes para futuras lideresas.

En la cuarta intervención, la de la comunidad nativa Shintoriato, la población se identifica como asháninkas. Ubicada en la amazonía alta, a los pies de los Andes, la comunidad también ha enfrentado y sigue enfrentando la colonización externa, la migración por la violencia política y la extracción de recursos naturales. Al igual que en Shambo Porvenir, los varones y las mujeres tienen formalmente los mismos derechos para participar en las asambleas comunales con voz y voto. Sin embargo, existe una resistencia a participar a pesar de que se han desarrollado liderazgos en las organizaciones de base. La intervención logró la incorporación en el nuevo estatuto de una cuota del 40 % a favor de las mujeres en la conformación de la junta directiva comunal, facilitando su elección en cargos de mayor jerarquía.

La historia de vida en Shintoriato es la de Hilda Pérez, elegida como la primera jefa de la comunidad nativa para el periodo 2019-2021. Al igual que en las otras historias de vida mencionadas en la publicación, el camino de vida personal y familiar sumado a su participación en organizaciones de base lograron que Hilda desarrollara su capacidad de lideresa. Fue primero presidenta del comité del Vaso de Leche y luego ocupó el cargo de tesorera en la junta directiva de la comunidad el 2010. En su visión, como madre, viuda y líder de su comunidad, busca incorporar a los jóvenes para que asuman nuevos liderazgos preparándolos así para que tomen la posta.

Prosigue la quinta intervención en la comunidad campesina de Pirca en Lima, donde a pesar de que no se logró modificar los estatutos de la comunidad, se lograron aprendizajes individuales y organizacionales por parte de los directivos, las comuneras, las promotoras y ONAMIAP.

Resultados y Recomendaciones

Como se mencionó, en cuatro de las cinco experiencias se logró hacer los cambios en los estatutos, a través de las cuotas y gracias al reconocimiento y participación de las mujeres. En todos los casos, el proyecto mejoró la consciencia sobre los derechos comunales, la articulación entre las organizaciones de mujeres, y la incorporación en los estatutos de temas que preocupan a las mujeres: jóvenes, ancianos y violencia familiar.

Dadas estas experiencias positivas, el libro brinda recomendaciones para el Estado y las organizaciones sociales para lograr una mayor participación política de las mujeres en la gestión territorial. Dentro de las recomendaciones para el Estado se incluye la adecuación de los modelos de estatutos que se brindan a las comunidades desde el Ministerio de Agricultura, la actualización de las guías para la inscripción en los registros públicos respecto a las cuotas de género, y la difusión de las lecciones aprendidas de las experiencias de ONAMIAP para su incorporación en las prácticas del Ministerio de Cultura y los gobiernos locales. Dentro de las recomendaciones para las organizaciones de mujeres se incluye la importancia de la incorporación de cuotas en los estatutos comunales para la participación de las mujeres, establecer vínculos y fortalecer alianzas con otras organizaciones con similares objetivos como otras comunidades, federaciones y gobiernos locales, organizar talleres de sensibilización sobre derechos colectivos y liderazgo, y promover el diseño e implementación de planes de acción a nivel regional y nacional. Para las organizaciones de la sociedad civil destaca la recomendación de continuar el apoyo para el desarrollo de las capacidades locales y la articulación colectiva, además de  la importancia de apoyar la creación de espacios de diálogo y brindar asesoría legal a las organizaciones y comunidades indígenas de mujeres.

El libro concluye en toda su extensión la importancia de incorporar a las mujeres indígenas en la gestión comunal dada sus capacidades de agencia para la defensa del territorio, resguardo cultural y la sustentabilidad de los recursos de la comunidad.