América Latina: la región más desigual en el acceso a la tierra

  • El 1% del total de explotaciones agropecuarias concentra más de la mitad de la tierra productiva de la región
  • Miles de comunidades de la Amazonía peruana no cuentan con seguridad jurídica sobre sobre sus territorios, lo cual acentúa la pobreza y desigualdad

Lima, 30 noviembre 2016-. Nuestro último informe explica por qué América Latina es la región más desigual del mundo en la distribución de la tierra. Además, aporta datos contundentes de este grave problema. Más de la mitad de la tierra productiva de la región está concentrada en el 1% de las explotaciones agropecuarias.

El reporte Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina también demuestra que las pequeñas unidades agropecuarias, a pesar de representar el 80% de todas las explotaciones en la región, ocupan menos del 13% de la tierra productiva. Millones de hogares campesinos, con pequeñas parcelas, conviven con mega-plantaciones. Las mujeres agricultoras son las más afectadas por esta desigualdad, pues las parcelas que trabajan son más pequeñas y de menor calidad que las de los hombres.

En Perú, un proceso de concentración de tierras y la precaria seguridad jurídica de muchas comunidades sobre sus territorios, amenaza los medios de vida de miles de personas y acentúa la pobreza y desigualdad. En los últimos años se observa una tendencia hacia la concentración de tierras en la costa peruana a favor de cultivos de exportación. Esta tendencia empieza a manifestarse también en la selva peruana, con grandes extensiones de tierra empleadas para cultivos de palma aceitera.  

“Si se quiere combatir la desigualdad en América Latina se deben enfrentar las diferencias abismales de la distribución y seguridad jurídica sobre la tierra, pues potencian la conflictividad social y ambiental”, manifestó Vladimir Pinto, responsable del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú. Como ejemplo, Pinto menciona la situación de las comunidades nativas y campesinas peruanas que no cuentan con políticas claras ni respaldo institucional para titular y proteger sus territorios colectivos, mientras enfrentan el despojo o pérdida de control sobre los mismos. Ejemplos de ello son el caso de Saweto en 2014, o la actual postergación de la titulación de 14 comunidades indígenas en Nuevo Andoas, Loreto (Lote 192), porque previamente el Estado favoreció un proyecto de hidrocarburos.

EXTRACTIVISMO: RAÍZ DE LA DESIGUALDAD

El informe de Oxfam sitúa el extractivismo en la raíz de la alta desigualdad del reparto de la tierra en la región. Este modelo productivo -concentrado en las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los monocultivos como la soja y la palma aceitera-  se viene apoderando del territorio latinoamericano, ampliando su control sobre grandes extensiones, y aumentando su influencia en las políticas públicas en todos los países.

La competencia por el control de los recursos naturales ha disparado los conflictos territoriales entre las grandes empresas y las comunidades, y ha incrementado de forma alarmante los índices de violencia contra defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos –con frecuencia ante la pasividad o complicidad de los Estados. Los pueblos indígenas son los más amenazados, pues sus territorios no están bien demarcados ni protegidos legalmente, y diferentes gobiernos los entregan para el desarrollo de actividades extractivas, en la mayoría de casos sin su consentimiento.

Oxfam hace un llamado a todos los actores en la región, especialmente a los gobiernos, a trabajar para que los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no queden solamente en el papel. Para ello es necesario promover una distribución más justa de la tierra, impulsar un crecimiento económico equilibrado y diversificado, y limitar la capacidad que tiene la gran industria y las élites económicas para influir sobre el diseño e implementación de políticas públicas. Los gobiernos también deben garantizar los derechos de las personas y comunidades, incluyendo el derecho a la consulta previa, para que toda comunidad afectada por inversiones y actividades de extracción y explotación de recursos naturales en sus territorios, pueda dar o negar su consentimiento libre, previo, e informado.

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