El impacto de la Ley Antiforestal en el Tratado de Libre Comercio Perú – EEUU: ¿Qué está en juego?
Foto: Diego Pérez / Oxfam
Si nos pusiéramos a listar toda la diversidad que posee el Perú, no acabaríamos. Cada año aparecen nuevas especies de flora y fauna. Somos el segundo país con la mayor extensión de bosques amazónicos en el mundo, solo superado por Brasil. Además, ocupamos el noveno lugar en extensión de bosques a nivel global.
Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta serias amenazas. Desde el 2001 hasta el 2023, el país ha perdido 4.08 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa una disminución del 5.2% de su cobertura. El estudio de Oxfam, "Agronegocios y crisis climática en el Perú", revela cómo los agronegocios a gran escala, como la palma aceitera y el cacao, han contribuido a la pérdida de bosques primarios en la Amazonía y advierte que la reactivación de proyectos suspendidos podría destruir otras 83,782 hectáreas de bosque primario, por lo que recomienda replantear el desarrollo agronómico para integrar consideraciones ambientales y ecológicas.
A esta situación crítica se suman los recientes incendios forestales, que han devastado más de 5000 hectáreas de bosques en 22 regiones del Perú, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Intensificados por las sequías, estos incendios no solo amenazan la biodiversidad, sino también a las comunidades que dependen del bosque para sobrevivir.
A pesar de este panorama, las políticas, normas y visión del país no están orientadas a la protección de la Amazonía peruana. Desde el 2021, el Congreso de la República viene impulsando diversos Proyectos de Ley orientados a la modificación de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, no para fortalecerla, sino para debilitarla.
Pese a la observación del Poder Ejecutivo, la advertencia del SERFOR y la oposición de la sociedad civil, en enero de 2024 se publicó la Ley N° 31973, más conocida como “Ley Antiforestal”, que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal.
El Tratado de Libre Comercio Perú – EE.UU
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos fue firmado el 12 de abril de 2006 y ratificado en junio de ese mismo año, entrando en vigor el 01 de febrero de 2009. Este tratado, que incluye un capítulo dedicado al ambiente, busca asegurar que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y promuevan el desarrollo sostenible a través de la cooperación y colaboración entre ambos países.
Si un Estado no cumple con lo señalado en el TLC, una parte puede acudir ante la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental (SACA)y presentar una queja. La activación de este mecanismo no es exclusiva de los Estados, sino que puede ser empleada por cualquier ciudadano o ciudadana de ambos países.
Es así que el 01 de agosto de este año se ha presentado una queja formal ante la SACA en respuesta a la aprobación de la Ley N° 31973. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de Oxfam en su elaboración y ha sido suscrita por 18 organizaciones de la sociedad civil y 31 personas naturales.
La queja critica el incumplimiento del Artículo 18.3 del Capítulo 18 del TLC, destacando que, al suspenderse la obligación de zonificación forestal y permitir la otorgación de títulos habilitantes sin este requisito, se abre la puerta a una mayor deforestación y degradación de los bosques peruanos. Además, la prohibición temporal de otorgar títulos habilitantes durante la suspensión afecta negativamente a los procesos de reconocimiento, titulación y ampliación de comunidades campesinas y nativas, así como a las áreas en trámite para el establecimiento de reservas territoriales y pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial.
En resumen, se deja de lado el cuidado de la Amazonía “legalizando” aquellas actividades que hoy son calificadas de ilícitas.
Quienes han suscrito la queja solicitan la derogación de la Ley Antiforestal y argumentan que va en contra de los compromisos ambientales asumidos por Perú en el TLC. Sostienen que la ley no solo pone en riesgo la biodiversidad y los recursos naturales del país, sino que también viola los derechos de las comunidades indígenas, al no respetar los procesos de consulta previa establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
La SACA, como mecanismo de supervisión y resolución de disputas, tiene ahora la responsabilidad de evaluar esta queja y determinar si la Ley N° 31973 contraviene las disposiciones ambientales del TLC. Este proceso implicará un análisis detallado de la ley y sus impactos potenciales, así como la consideración de las preocupaciones planteadas por las organizaciones y comunidades afectadas.
La presentación de esta queja subraya la importancia de contar con mecanismos eficaces para garantizar la implementación y el cumplimiento de los compromisos ambientales en los acuerdos comerciales. También resalta la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas y de promover políticas que aseguren la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en Perú.
Otras iniciativas
La inconformidad con la Ley Antiforestal no es un sentir aislado. A la fecha existen dos demandas de inconstitucionalidad admitidas en el Tribunal Constitucional, presentadas por el Gobierno Regional de San Martín y el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao. La aceptación de estas demandas se debe al esfuerzo conjunto de la sociedad civil, aliados estratégicos y expertos en el tema, quienes contribuyeron significativamente a su elaboración.
Asimismo, desde el Congreso de la República se han impulsado cinco proyectos de ley (06788, 06812, 06890, 06958 y 07248), que solicitan la derogación de la Ley 31973, y cuenta con el Predictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que recomienda la aprobación de los citados proyectos ley y ha sido trasladado a la Comisión Agraria.
En paralelo, en Tarapoto se ha presentado una demanda constitucional de acción de amparo ante el Segundo Juzgado Civil – Sede Maynas, que ha sido aceptada a trámite.
Además, los recientes incendios forestales que vienen devastando nuestra Amazonía, de cierta manera, pueden haber sido facilitados por la Ley Antiforestal, la cual reviste de legalidad a actividades pasadas de deforestación y podría dar una falsa seguridad a traficantes de tierras. Es por eso que el movimiento “No a la Ley Antiforestal” presentó la semana pasada al Congreso de la República más de 33.000 firmas en demanda de la derogatoria de la mencionada ley.
El legado que dejamos
La deforestación y la degradación de los bosques son problemas complejos que requieren soluciones integrales y colaborativas. No podemos abordar estos desafíos de manera aislada; es esencial la articulación de los esfuerzos de los sectores públicos y privados, a nivel nacional, regional y local.
Los bosques no solo representan un recurso económico, sino también un legado ecológico y cultural que debemos proteger. En ese sentido, la respuesta de la SACA a esta queja será un hito importante en la historia de la legislación forestal en el país, para así asegurar que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente en beneficio de todos y todas.
Desde Oxfam consideramos que fortalecer este tipo de mecanismos de participación es clave y, en el marco de ello, continuaremos brindado apoyo a las organizaciones nacionales en el impulso de estrategias que busquen proteger nuestra Amazonía.
Actualización al 6 de noviembre de 2024: La SACA admitió la queja, presentada por la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, recoge la preocupación de diversas organizaciones de sociedad civil y comunidades afectadas. Se encuentra pendiente el análisis que pueda realizar la SACA al fondo de la queja y las acciones que pueda instar al Estado peruano a realizar.
Fotos: Diego Pérez - Oxfam