La violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio sigue en aumento. En la Amazonía, las poblaciones indígenas son las más afectadas. Foto: Diego Pérez / Oxfam

¿Quién defiende a las personas defensoras del ambiente y el territorio?

La situación de las personas defensoras del ambiente y el territorio se agrava de manera dramática año a año a nivel mundial, y el período marcado por la pandemia de la Covid-19 no ha sido la excepción. Como todos los años, Global Witness acaba de publicar su informe anual[1] sobre asesinatos a personas defensoras del ambiente[2], registrando 227 ataques letales en el 2020, el peor escenario desde que iniciara este tipo de evaluación en 2012.

Es importante destacar que el informe admite un subregistro ante la dificultad de reportar los casos, contabilizando exclusivamente los asesinatos y no otras formas de violencia que afectan a los defensores y defensoras, quienes pueden verse hostigados y amenazados de diversas formas por defender sus hogares, el territorio y sus medios de vida. La población rural, que es la más afectada, enfrenta mayores complicaciones para acceder a las autoridades y a medios de comunicación, por lo que sus casos solo cobran notoriedad cuando son respaldados por organizaciones de la sociedad civil.

Cabe señalar que el reporte también revela una afectación específica contra las mujeres defensoras, las cuales enfrentan los mismos peligros que sus pares hombres, pero además sufren de una violencia específica por su condición de género, como la violencia sexual y la estigmatización a través de campañas difamatorias reforzadas en estereotipos para descalificarlas. Al mismo tiempo, las mujeres están mayoritariamente excluidas de la propiedad a la tierra y de la representación política[3], lo que invisibiliza aún más sus luchas.

Del total de asesinatos a nivel global, tres cuartos se concentran en la región de América Latina, siendo Colombia, México y Brasil los países con mayor número de este tipo de crímenes en la región. Por su parte, Perú se posiciona como tercer país con más ataques letales en Sudamérica, con 6 registros en 2020, y aunque está lejos de las cifras de los países más afectados, reporta un incremento importante de asesinatos en los últimos años[4], que se han disparado en un contexto de aumento de actividades ilícitas en la Amazonía, tales como tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras, y por la disminución de la presencia del Estado a causa de la pandemia.  

Fuente: Global Witness, 2021

Un grupo que se ha visto notoriamente afectado ha sido la población indígena, que pese a representar solo el 5% de la población mundial, ha sido el blanco de más de un tercio de los ataques. Cifras como esta han generado que la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) declare en emergencia los derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas en abril de este año[5]. En Perú, 5 de los 6 asesinados durante el 2020 pertenecían a diversos grupos étnicos de la Amazonía, lo que demuestra un estado de vulnerabilidad mayor ante los ataques de agentes que compiten por sus recursos, así como la incapacidad del Estado por garantizar sus derechos. Lamentablemente, reportes nacionales indican que los asesinatos han continuado en el 2021[6].

Si bien nuestro país ha avanzado de manera notable en los últimos tres años en normativa vinculada a la protección de las personas defensoras[7], dichas mejoras no se han traducido en acciones efectivas de protección, especialmente para las defensoras y defensores del ambiente y el territorio. Actualmente, no se cumple con los plazos determinados por la norma para atender los casos, muchas de las medidas no se adaptan al contexto rural y no hay un presupuesto adecuado para la atención del tema. Adicionalmente, no se contempla ninguna forma de reparación para los familiares de las víctimas que han sido asesinadas, pese a la responsabilidad que tiene el Estado. Si bien la aprobación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos[8] ha significado un importante avance en la materia, incluyendo por primera vez a sectores clave como Interior y Ambiente, todavía queda mucho por hacer.

En ese sentido, la decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú[9] de parte del Congreso de la República el año pasado representó una oportunidad perdida y una demostración de la postergación de nuestros estándares ambientales y de derechos humanos. El Acuerdo tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y, además, es el primero de su tipo en incluir disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Lamentablemente, el debate sobre Escazú giró en torno a argumentos falaces[10] y fake news vinculados a la posible pérdida de soberanía de la Amazonía, aun cuando el acuerdo señala expresamente el principio de soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales. También se apeló al posible desaliento de la inversión privada cuando, en la realidad, un acuerdo de este tipo contribuiría a prevenir conflictos y a incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones en etapas estratégicas de los proyectos dando mayor seguridad a inversionistas.

Esta situación hace impostergable que el Estado peruano tome las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas defensoras y aborde las razones de fondo que las colocan en una posición de mayor vulnerabilidad. Del mismo modo, las organizaciones de la sociedad civil tienen el potencial de jugar un papel importante en la promoción y exigencia de los derechos de las defensoras y defensores del ambiente y el territorio.

Referencias

[2] Global Witness define a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente como “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medioambiente”.

[3] De acuerdo al el IV Censo Nacional Agropecuario, solo el 37 % de comuneros inscritos en el padrón comunal eran mujeres y según el Censo Nacional 2017, solo el 5 % de las comunidades campesinas censadas y el 4 % de las comunidades nativas tenían como presidenta o jefa a una mujer.

[4] Perú no registró ningún caso registrado en 2018 y solo 1 caso en 2019.

[7] Aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.