Organizaciones indígenas y sindicales de Perú recolectarán un millón de firmas para exigir ley de debida diligencia empresarial

Jueves, 17 Noviembre, 2022
Foto: Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

Lima, noviembre de 2022.- Sociedad civil anuncia campaña nacional para exigir una ley de debida diligencia que establezca las responsabilidades y obligaciones empresariales de respetar los derechos laborales, medioambientales, de pueblos indígenas, y los de otros derechos que puedan verse afectados por las actividades de dichas compañías. De hacerse efectiva esta propuesta, Perú se sumaría a países como México, Colombia, Brasil y Chile que ya tienen procesos en marcha para contar con normativas sobre derechos humanos y responsabilidad empresarial.

El anuncio fue compartido el jueves 10 de noviembre durante la conferencia de prensa convocada por organizaciones sindicales e indígenas en el marco de la I Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, y como actividad paralela al CADE Ejecutivos. La actividad contó con la participación de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas junto con más de un centenar de líderes, lideresas y dirigentes sociales de todo el país.

Las organizaciones denunciaron que, actualmente, existen 8 mil pasivos ambientales producto de la industria minera y más de 3 mil como consecuencia de la actividad petrolera que no están siendo debidamente atendidos por los responsables. “Las empresas cuando ingresan a nuestros territorios nos prometen desarrollo, nos prometen carreteras, postas de salud, pero lo que nos traen es el deterioro de nuestra salud. Queremos que las empresas y el Estado respeten nuestros derechos individuales y colectivos”, demandó Mayra Macedo de ONAMIAP.

Por su parte, Ernesto Tapia, representante de la CGTP, señaló que “las empresas deben jugar un papel de respeto y cumplimiento de los derechos humanos” y que cuando estos derechos son vulnerados, las compañías tienen la obligación de reparar los daños. Además, agregó que esta ley debe permitir que el Estado pueda exigir la toma de acción inmediata cuando alguna actividad empresarial perjudique los derechos ciudadanos y colectivos.

De la misma forma, Mirna Jara de la CATP, recordó que “el Estado peruano debe promover la libertad sindical” y no criminalizar la protesta de trabajadores que exigen el respeto de sus derechos laborales. En el país, solo 5 de cada 10 trabajadores formales han logrado sindicalizarse, lo que demuestra un contexto adverso y las gravísimas barreras existentes para ejercer este derecho.

Por último, Juan Pedro Chang de la CUT resaltó que “la crisis del Perú no se resuelve con una mirada empresarial que no entiende el país y que no quiere transformar las raíces históricas de un modelo económico que no genera empleo y por eso nosotros los trabajadores, movimientos sociales e indígenas desarrollaremos la recolección de firmas a nivel nacional”.

Crédito de imagen: Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos