Perú cuenta con una gran variedad de cultivos adaptados a diferentes zonas de vida, razón por la cual es considerado uno de los países más importantes en cuanto a diversidad y domesticación de especies en el mundo. Además, las prácticas de conservación in situ de los recursos fitogenéticos en pequeñas parcelas o nichos ambientales —que se realizan desde la antigüedad, principalmente en la región andina— son otro factor que ha contribuido a este posicionamiento del Perú. Tales prácticas han generado un acervo genético y cultural de conocimientos y tecnología, construido a lo largo de los siglos, que contribuye a la conservación de la biodiversidad, a la adaptación al cambio climático y a la seguridad alimentaria del país.

Sin embargo, la preservación, la protección y el desarrollo de este patrimonio están siendo amenazados por varios factores, como la expansión de los sistemas de monocultivo, el progresivo reemplazo de semillas nativas y locales por semillas comerciales o mejoradas, el empobrecimiento de las áreas rurales y la migración a las ciudades. Todo esto causa la pérdida del conocimiento tradicional, así como la priorización de un modelo económico basado en el extractivismo y en la exportación de materias primas con gran impacto en los ecosistemas y los derechos de los pueblos originarios, indígenas y campesinos. Además, la pobre institucionalidad democrática y la cada vez más débil institucionalidad ambiental y agraria dificultan una adecuada gobernanza ambiental y la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente los aspectos relacionados con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la atención de los efectos de la crisis climática.

En esta línea, la publicación Protegiendo los conocimientos tradicionales para la justicia alimentaria: marco normativo y recomendaciones de políticas es una iniciativa de Oxfam para abogar por un mejor cumplimiento de los derechos de las pequeñas/os agricultoras/es sobre el acceso y manejo de los recursos fitogenéticos en el país, en un contexto de crisis climática y alimentaria. Este estudio analiza el estado de implementación de sus derechos —descritos en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Tirfaa) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC)—, identificando avances y desafíos, haciendo comparaciones sobre la base de la percepción de las organizaciones agrícolas y brindando recomendaciones de política para mejorar la ejecución de las estrategias y programas públicos en el Perú.

Si bien el Perú ha realizado diversos esfuerzos para garantizar los derechos de las y los agricultoras/es desde la ratificación del Tirfaa en el año 2004[1], como el reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad, la promulgación de la Ley n.o 30355 de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar[2] y la promoción del Sistema de Garantía Participativo (SGP)[3], todavía existen obstáculos y desafíos que impiden la generación de incentivos para conservar la agrobiodiversidad y retribuir a las y los agricultoras/es que ancestralmente han fomentado una agricultura sostenible, la que, en el actual contexto de especial sensibilidad a causa de la crisis alimentaria, es de suma importancia.

Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad para estudiantes e investigadores que desarrollen estudios en materia de justicia alimentaria en el Perú; asimismo, que pueda ser utilizada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y asociaciones y gremios agrarios, con la finalidad de nutrir sus estrategias de trabajo para realizar una eficaz incidencia política. Finalmente, alentamos al Estado peruano para que nuestro marco legal reconozca, incorpore y permita la conservación y protección de la diversidad y riqueza genética del Perú. Este marco debe legitimar la intervención de todos los actores involucrados en las cadenas de valor y establecer estructuras participativas y descentralizadas que cubran áreas donde no hay presencia estatal. Se requiere volver la mirada al sector y a políticas que garanticen la conservación de la agrobiodiversidad mediante las prácticas tradicionales, a la agenda de pequeñas/os productoras/es, a la contribución de las experiencias exitosas de conservación de semillas tradicionales y a políticas de seguridad alimentaria y cambio climático.

[1] Ver: https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/tratado_recursos_fitogeneticos_sp.pdf

[2] Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-promocion-y-desarrollo-de-la-agricultura-familiar-ley-n-30355-1307649-2/

[3] El SGP es un sistema de certificación que se desarrolla con participación directa de los productores de la agricultura familiar, consumidores y otros miembros de la comunidad, quienes podrán verificar el origen y la condición de los productos ecológicos u orgánicos para su consumo en el mercado nacional.