Tras la aprobación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios en el Perú, en el 2011, y un año después aprobado su Reglamento, se implementaron 38 procesos de consulta previa. De este total, 26 fueron frente a proyectos extractivos: 13 en hidrocarburos, 12 en minerías y 1 en energía.
La consulta llegó y se esperaba que fuera el puente de diálogo que vinculara al Estado peruano con los 55 pueblos indígenas de nuestro país para que alcanzaran acuerdos sobre decisiones que podían afectar sus derechos colectivos. Sin embargo, esto no fue así, se implementaron sin cumplir estándares adecuados y dialogar sobre temas centrales.
El presente estudio, sustentándose en los pilares del diálogo intercultural y el pleno ejercicio de los derechos, evalúa lo conseguido durante seis años en la implementación del marco normativo de la consulta previa en el Perú, principalmente de cara a las actividades mineras e hidrocarburíferas.
El debate que aquí se plantea persigue las siguientes cuestiones: quién toma la decisión de lo que se consulta, qué se consulta en específico y cómo se realiza esto en el Perú; finalmente, si es eficaz.
A partir del análisis de casos, se evidencia que los resultados de las experiencias de consulta previa todavía producen insatisfacción en los pueblos indígenas, más aún si están vinculadas directamente con el territorio y sus recursos; por ello, el estudio invita a repensar el marco legal de consulta previa, y en especial, las limitantes en las normas sectoriales.
Para Oxfam, es claro que necesitamos un mejor diálogo intercultural entre los pueblos indígenas, el Estado y el resto de la sociedad. No es posible que a puertas del bicentenario de la independencia del Perú, existan tantos peruanos y peruanas para quienes después de tantas luchas por obtener la consulta previa, esta se reduzca a un simple trámite.