“Tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano”

“Tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano”
“Tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano”, dice Aurelio con firmeza. “Nuestro territorio es nuestro mercado, el bosque es nuestra farmacia y nuestra vida, pero están contaminados”.

Aurelio Chino, el líder de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), vive en nuevo Andoas, Loreto-Perú. Desde su casa, se puede escuchar el movimiento constante de las aguas del río Pastaza.

 “Tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano”, dice  Aurelio con firmeza. “Nuestro territorio es nuestro mercado, el bosque es nuestra farmacia y nuestra vida, pero están contaminados”, lamenta, explicando que su familia y su comunidad sufren las consecuencias de 40 años de actividad petrolera sobre sus territorios. Recientemente, pruebas médicas evidenciaron que su hija, menor de edad, tiene metales pesados en la sangre.

Adolfina García Sandi, una madre indígena de la comunidad José Olaya, en Loreto, es otra de las personas afectadas por la explotación petrolera. Ella recuerda su cruda y dolorosa experiencia: “¿Cuántos niños perdí yo? Se murieron dos mujeres y un varón”, se responde ella misma y luego hay un largo silencio.

Aurelio y Adolfina representan dos de los cientos de casos de personas afectadas por la contaminación del medioambiente en la zona donde viven. Las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre, en la región Loreto, hoy conocida como el Lote 192, es su casa. El hogar de los pueblos indígenas Kichwas, Quechuas, Achuar y Urarinas. El propio Estado peruano declaró la zona en emergencia ambiental y sanitaria.

Tras el proceso de consulta previa por la licitación del Lote192, implementado entre mayo y agosto de 2015, la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) y la FEDIQUEP, grupos que representan a la mayoría de las comunidades que vive en el Lote 192, terminaron decepcionadas del proceso y no firmaron el acta de consulta. Hoy, una parte de los pueblos de Loreto reclama el derecho de ser consultados debidamente para garantizar el buen manejo de sus recursos naturales. Aurelio Chino explica que nunca hubo un acuerdo sobre temas claves que las comunidades propusieron en la agenda de consulta previa.

Sin embargo, la empresa petrolera Pacific Stratus Energy ya está operando sobre sus territorios ancestrales. El Estado peruano le dio a esta empresa un contrato de explotación provisional por dos años. Transcurrido ese tiempo, licitará el lote por otros 30 años de explotación.

En este contexto, las comunidades demandan que el Estado tome en cuenta su derecho a vivir en un territorio limpio y un ambiente sano. Aurelio explica que para alcanzar esto  se necesitan garantizar la remediación sobre todos los daños ocasionados, la atención a la salud de los pobladores afectados y la recuperación de las zonas de donde realizan caza y pesca. Las comunidades piden también nuevos instrumentos de gestión ambiental frente al nuevo contrato, que el canon se invierta en las comunidades, así como otras inversiones públicas para enfrentar la pobreza y que se garantice una real participación indígena.

Aurelio espera que al terminar los dos años de operación de Pacific Stratus Energy, se realice una nueva consulta previa, libre e informada y que se atiendan todas las demandas de las comunidades, pero esto requiere voluntad política.

En un contexto de cambio climático, muchos gobiernos avanzan hacia la implementación de políticas para defender y proteger el medioambiente, y reconocer los derechos indígenas. Lamentablemente parece que el Perú va por el camino opuesto.

Los impactos de los dispositivos legales destinados a “promover inversiones”, conocidos como “paquetazos ambientales” impulsados por este Gobierno para dinamizar la economía, han debilitado a entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al limitar su función sancionadora; al Ministerio del Ambiente (MINAM) en sus atribuciones para crear Áreas de Conservación y para establecer estándares de calidad ambiental, por citar un par de ejemplos.

En el presente contexto electoral, Adolfina, Aurelio, las comunidades indígenas y la sociedad civil, piden que se protejan los derechos de las poblaciones afectadas por la explotación de recursos naturales y de todos los peruanos/as de vivir en un ambiente sano. No queremos crecimiento económico a costa de nuestros ríos, biodiversidad, alimentos y de nuestra salud. Es fundamental que los candidatos debatan y se comprometen sobre estos temas  tan importantes para el futuro del Perú.

Toma esta acción y ayúdanos a defender los derechos de Aurelio, su comunidad y de todos nosotros/as:http://oxf.am/ZhML.

Terminando la conversación con Aurelio, veo a su hijo de dos años jugando cerca el río. “Se llama Herodito”, cuenta Aurelio, “Significa Héroe Revolucionario en Defensa de sus Pueblos Originarios”.