Créditos: Evan Abramson 

La reconstrucción con cambios a diez años del terremoto de Pisco

 

Hoy 15 de agosto de 2017 se cumplen diez años del Terremoto de Pisco, y como todos los años, se hablará sobre este lamentable hecho. Algunos para reflexionar sobre la necesidad de estar mejor preparados, otros para criticar la ineficiencia de los gobiernos para atender a los damnificados, algunos de los cuales todavía habitan en viviendas precarias e incluso en carpas.

Más allá de estas discusiones, validas por cierto, justo diez años después,  el Niño Costero nos muestra que mantenemos vulnerabilidades frente a riesgos, pero que hemos mejorado en algunos aspectos.  A continuación, diez puntos a tomar en cuenta para asumir la gestión de riesgos frente a desastres.

  1. Tenemos un adecuado marco legal. Contamos con la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD), que cubre todos los procesos de la gestión del riesgo. Sin embargo, ello no es suficiente. Se necesita que los operadores estén adecuadamente preparados y capacitados para hacer que se cumpla este marco normativo.

     
  2. ¿Quiénes son los operadores de la ley? La norma dispone que las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, implementen  los lineamientos de la política dentro de sus procesos de planeamiento.  Eso significa que deben, a través de sus actividades, reducir el riesgo, evitar crear nuevos riesgos, destinar recursos para ello, involucrar a la población en la generación de una cultura de prevención, fortalecer sus capacidades, desarrollar el conocimiento y una adecuada capacidad de respuesta, involucrando a las comunidades. Además, evaluar su capacidad financiera para la atención a desastres, lo cual implica contar con planes de contingencia y recursos materiales como bienes y equipos que permitan responder con criterios de eficacia y eficiencia cuando se requiera. Si bien el mandato es claro, ello no significa que se cumplan sus lineamientos.

     
  3. Una seria debilidad es que quienes deben operar el sistema a nivel local, es decir los secretarios técnicos de Defensa civil, no cuentan con una adecuada capacitación pues no existe la exigencia de contar con un perfil adecuado para ocupar el puesto. Si bien el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realiza constantes cursos de entrenamiento, la alta rotación de personal no permite contar con personas capacitadas cuando se requiere.

     
  4. En recientes conversaciones, actores involucrados en la respuesta humanitaria en las regiones mencionaron que se tiende a creer que no hay conocimiento ni experiencia en sus jurisdicciones y que la tendencia desde el centro es enviar equipos asesores que no tienen experiencia en la gestión del riesgo.  Ello corrobora que la preparación no ha alcanzado a las instituciones públicas en todos sus niveles.

     
  5. La evaluación de daños y necesidades (EDAN), que representa el primer paso en la atención de una emergencia, es el talón de Aquiles de los gobiernos locales. La mayoría de responsables de defensa civil ven la EDAN como un requisito engorroso que les obliga a llenar una ficha informativa, y no como el instrumento que les permitirá saber en qué sector o sectores se están presentando los impactos del evento para buscar las soluciones a los problemas que se van presentando. Por ejemplo, si se han afectado los caminos, si se han inundado viviendas, si los daños afectan a los campos de cultivo, o si se han dañado servicios esenciales como instalaciones de agua potable o el servicio eléctrico. Al no manejar adecuadamente este instrumento, lo que se suele hacer es correr a repartir cosas, por ejemplo colchonetas,  alimentos o carpas, sin antes saber si esas son las necesidades que más preocupan a  los afectados. Ello encarece la respuesta, pues se entregan artículos innecesarios que incluso pueden causar grandes daños como cuando se distribuyen alimentos irracionalmente,  lo cual puede paralizar un mercado que no había sido afectado, ocasionando pérdida de empleos e ingresos. En la emergencia, producto de El Niño Costero, la entrega de la EDAN fue uno de los problemas más graves. Tres meses después de iniciadas las inundaciones, todavía algunos gobiernos locales no han entregado sus fichas EDAN consolidadas, lo cual significa que no se tiene una evaluación clara de los daños y necesidades.

     
  6. Una región o gobierno local que se encuentra preparada responderá mejor cuando ocurra un desastre. Es poco probable que una preparación de última hora dé buenos resultados. Ello implica contar con un Plan de prevención de riesgos, planes de contingencia para responder a las emergencias priorizando los riesgos más probables, incluyendo la provisión de stocks de materiales y equipos de respuesta que puedan ser movilizados inmediatamente después de la  activación del desastre. Regiones como Lambayeque han dado muestras de tener un nivel de preparación y liderazgo en su respuesta a la emergencia que no debe ser ignorado.

     
  7. Cultura de prevención. Reconocer que los desastres no son naturales y que son causados por las malas prácticas humanas en la ocupación y gestión del territorio. No hemos dado pasos adecuados como país en la gestión del territorio, el Ordenamiento Territorial sigue siendo un deseo y la planeación urbana y rural no se practica. La planificación es interpretada como la realización de un listado de obras de infraestructura que en su mayoría no incluyen el análisis de riesgo.

     
  8. Aunque la Ley del SINAGERD prevé el involucramiento de la población en las acciones de gestión del riesgo, no es considerada a la hora de tomar decisiones. No se prepara ni informa a las personas para enfrentar y gestionar los riesgos. No se les consulta para involucrarlas en las decisiones de mitigación del riesgo o de planificación local, y mucho menos cuando ya han sido afectados por algún desastre. Se espera de ellos que acepten y agradezcan la ayuda provista. 

     
  9. Reconstrucción con cambios. Los anuncios de mayor eficiencia en el manejo de la reconstrucción no han variado en relación a las propuestas del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de Agosto de 2007  (FORSUR), creado hace diez años para responder la emergencia del sur peruano. Se propone priorizar al sector privado a través de contratos a gran escala, asociaciones público privadas y obras por impuestos, para ejecutar el listado de obras de infraestructura que la Autoridad para la Reconstrucción nos presentará al finalizar este mes de agosto.

     
  10. Es necesario asumir la reconstrucción como un ejercicio de ciudadanía y participación local, consultar a los propios afectados, a los gobiernos locales y a otros actores claves de la sociedad civil sobre las soluciones de vivienda  o de reactivación de las economías locales. Además, es posible replicar experiencias exitosas como el caso del distrito de Túpac Amaru, en Pisco, que implementó un programa de viviendas con participación de la población local, generando puestos de trabajo y extendiendo los beneficios a más familias que las previstas inicialmente. No mencionar ni proponer alguna estrategia de re-dinamización de las economías locales afectadas nos puede lleva a pensar que la reconstrucción con cambios impulsada por el actual Gobierno es una versión actualizada de la reconstrucción de Pisco. La pregunta es ¿por qué creemos que aplicar una receta similar generará resultados diferentes?
     
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