Consulta comprometida: comunidades del Lote 192 firman acuerdo con Gobierno

Tras 43 días de paralización pacífica, las comunidades de las cuencas del Pastaza, Tigre, Marañón y Corrientes de la Amazonía, lograron finalmente que el gobierno peruano acepte garantizar la consulta previa ante un nuevo contrato por 30 años más de explotación petrolera. También se acordó que las federaciones indígenas y sus comunidades participarán con propuestas para la formulación de dicho futuro contrato, entre otros compromisos.

Varios de estos acuerdos están relacionados con el cumplimiento de compromisos ya suscritos con el mismo Estado en tres actas durante el 2015. Es importante el logro de los pueblos indígenas, pero también preocupa la demora en la atención de derechos y compromisos por parte de los gobiernos de Humala y Kuczynski. Este no es un esfuerzo aislado. Forma parte de más de 5 años de continua exigencia de diálogo y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en esa zona del Perú, que seguro tocará mantener para asegurar que el Estado cumpla.

Un poco de historia

Luego de aprobada la ley de Consulta Previa (2011) y su reglamento (2012) en el Perú, el Gobierno de Ollanta Humala anunció en 2012 que la primera implementación de este derecho sería antes de la suscripción de un nuevo contrato de explotación petrolera por otros 30 años más en el Lote 1-AB, conocido desde ese momento como Lote 192.  Se trata de una zona con más de 45 años de actividad hidrocarburífera y graves impactos ambientales. Frente a ello, las comunidades indígenas Kichwas, Quechuas, Achuar y Urarinas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre en la región amazónica de Loreto plantearon que se atiendan los serios impactos de esta actividad y otros problemas urgentes en sus localidades, entre ellos: la remediación de las zonas contaminadas por la actividad petrolera[1], la atención a la salud y la titulación de sus territorios.

Esto conllevó a tres años de diálogo, cuatro declaratorias de emergencias ambientales, una emergencia sanitaria y la creación de dos comisiones multisectoriales. Finalmente, se lograron acuerdos el 10 de marzo del 2015 con el Gobierno central[2] que dio paso al proceso de consulta previa anunciado en 2012.

¿Una consulta justa?

Sin embargo, este proceso se realizó en 2015 sin cumplir estándares mínimos de diálogo, terminando de forma sorpresiva y unilateral. El Gobierno dio por concluida la consulta, sin contar con la firma de acuerdos por parte de las federaciones y comunidades que representan el 80% de la población ubicada en el lote. Por otro lado, la licitación convocada no tuvo postores y fue declarada desierta. En ese escenario, el Estado peruano realizó una negociación directa con la empresa Pacific Stratus Energy (hoy Frontera), a quienes le adjudicó el Lote 192 con un contrato de servicios temporal por dos años, hasta agosto de 2017[3].

Los desacuerdos de la frustrante consulta llevaron a nuevos procesos de diálogo y a la suscripción de las nuevas actas en Teniente López (2/9/2015) y José Olaya (4/11/2015), para abordar varias de las problemáticas pendientes. Estos acuerdos mantuvieron en la agenda su preocupación sobre un futuro  contrato por 30 años más y la consulta previa que debía realizarse.

Durante el 2016 y parte del 2017 las comunidades junto con sus federaciones mantuvieron una actitud dialogante y vigilante respecto a los compromisos. Sin embargo,  la imperdonable lentitud del Gobierno para cumplir con los acuerdos y atender los graves problemas ambientales y de salud generados, y la falta de respuesta y garantía sobre el derecho de consulta previa que demandaban las comunidades, llevó a la ruptura del diálogo dando paso a la protesta.

Cerca a la culminación del contrato de servicios temporal de dos años con Frontera (antes Pacific), y testigos de una negociación directa que había empezado el actual Gobierno con esta empresa sobre un nuevo contrato por 30 años, las comunidades exigieron nuevamente el derecho a la consulta previa. La respuesta del Ministerio de Energía y Minas, y luego del Viceministerio de Interculturalidad, órgano rector de las políticas indígenas, fue declarar improcedente el pedido de garantía de consulta, argumentando que la misma (consulta) ya se había realizado en 2015.

Reevaluado el escenario, el Gobierno anunció la ampliación de dicho contrato temporal para la explotación del Lote 192, que ejecuta la empresa Pacific Stratus Energy (hoy denominada Frontera) hasta febrero de 2019. Esta situación se complicó ante nuevos derrames de petróleo en el mismo lote, responsabilidad de la empresa Frontera.

Inicia la resistencia pacífica

Ante estas circunstancias, el 19 de setiembre se inició progresiva y pacíficamente la toma de las instalaciones petroleras y se suspendió la producción como una medida de protesta de las comunidades. Como señala el pronunciamiento del pueblo achuar “Tal como lo anunciamos en la reunión que tuvimos con autoridades del Gobierno, junto con los hermanos de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Marañón, no permitiremos que sigan extrayendo recursos de nuestros territorio si el Estado no nos garantiza un proceso de Consulta Previa donde se arribe a medidas de seguridad ambiental y social para nuestros territorios y la vida de nuestras hijas e hijos, por los próximos 30 años de actividad petrolera que pretende el Estado en el lote”.

Esta acción fue seguida por múltiples manifestaciones de apoyo y solidaridad de congresistas, organizaciones indígenas nacionales (Aidesep, Onamiap, CNA), diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas, entre otros, que demandaron al Gobierno que garantice el derecho a la consulta.

Un mes después de iniciadas las protestas, el Gobierno peruano buscó dialogar, y se iniciaron las conversaciones con las organizaciones indígenas. Tras reuniones técnicas, presión pública de diferentes actores, las negociaciones culminaron con la suscripción de los acuerdos del 31 de octubre.

Acuerdos en Nuevo Andoas

El acta del 31 de octubre de este año se suscribió en las instalaciones del aeródromo de la comunidad de Nuevo Andoas, por las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT; y por parte del Gobierno, los viceministros de Interculturalidad, de Minas, y de Prestaciones Sociales, así como de otros funcionarios del Ejecutivo.

El documento abordó varios temas pendientes, pero con respecto al más esperado,  sobre la Consulta Previa del Lote 192, se acordó:

“En el caso de que exista un Decreto Supremo que apruebe la suscripción de un nuevo contrato de exploración y explotación en el Lote 192, que implique posible afectación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el Estado peruano procederá conforme a lo establecido en el artículo único de la Resolución Ministerial 209-2015-MEM/Dm para la realización de una Consulta Previa de acuerdo al Convenio 169 OIT y la normatividad legal vigente en esta materia”.

Entonces, la consulta está sujeta a dos condiciones: 1. la suscripción de un nuevo contrato, aprobado por Decreto Supremo; y 2. la confirmación de que esta deriva en una “posible afectación directa de los derechos colectivos”. Con ello, se logró un cambio en la posición oficial: de la negación (improcedencia) de la consulta a la aceptación pública; y del desconocimiento como único proceso válido a la consulta previa del 2015, que afirmaban alcanzaba el nuevo contrato por 30 años más. Las comunidades, junto con sus federaciones, lograron que el Gobierno finalmente aceptara esta demanda.

Pero otra puerta valiosa que se abre es el acuerdo que permite la participación de las poblaciones indígenas en la elaboración de dicho contrato, que señala:

“Con relación al contrato de operación del Lote 192 las comunidades y federaciones indígenas se organizarán de acuerdo a sus usos y costumbres a fin de recoger sus preocupaciones y formular sus planteamientos en materia social y ambiental. Estos serán dialogados con la representación del Ejecutivo a fin de estimar su incorporación en el texto del futuro contrato de exploración y explotación del lote 192. A partir del inicio de la formulación del contrato, de común acuerdo se establecerán las reuniones y se informará a las comunidades del lote 192 de los contenidos incorporados”.

No es la primera vez que las organizaciones indígenas ponen en la mesa la participación en los contenidos del contrato.  Esta también sucedió en la experiencia de la consulta del 2015, donde se logró incluir contenidos en dicho contrato. El acuerdo señala que estos aportes serán en materia ambiental y social, los que se alcanzarán en el proceso mismo de formulación de dicho documento.

Los siguientes compromisos abordarían temas de salud, planes de desarrollo y nuevos espacios de diálogo. El Gobierno se comprometió en realizar, los siguientes días, una campaña de atención  a la salud de la población, la cual brindará además abastecimiento a las postas médicas.

También, se comprometió a conformar un subgrupo de trabajo con participación indígena. Este formará parte de la Mesa de Trabajo Multisectorial de la PCM, conformada por cerca de 10 sectores del Ejecutivo y las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT.

(Acta completa)

Con estas decisiones, las comunidades y federaciones levantaron sus medidas de protesta y retornaron a sus comunidades. Los dirigentes de las federaciones retomaron tareas pendientes sobre la remediación, y la vigilancia del cumplimiento de estos y los anteriores compromisos.

¿Ahora que toca?

Es importante mencionar que esta es la cuarta acta firmada por el Gobierno central con las organizaciones indígenas relacionadas con el lote 192, por diversos impactos durante 47 años de actividad hidrocarburífera, y por la extensión del período petrolero.  Pero más allá de las voluntades individuales y coyunturales de algunos funcionarios públicos, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le toca no solo cumplir con estos acuerdos, sino tomar las lecciones de este caso para impulsar políticas que garanticen los diversos derechos de los pueblos indígenas frente a las actividades extractivas, que afectan sus territorios, su salud y otros derechos fundamentales. Además, para abordar los conflictos desde un enfoque más preventivo y eficiente.

Pero más allá de que la pelota está en la cancha del Gobierno en términos del cumplimiento de los compromisos, como sociedad civil nos toca no bajar la guardia y mantenernos alertas y vigilantes para evitar nuevas demoras e incumplimientos. Nos toca asegurar que no sea otra acta más, y que las poblaciones reciban la atención que vienen reclamando durante tantos años. En ese compromiso debemos continuar las organizaciones nacionales e internacionales; organismos internacionales, manteniendo el valioso rol vigilante de la relatora para los derechos de los pueblos indígenas y otros relatores de ONU y del sistema internacional de derechos humanos; y toda la red de activismo que apoyo las diversas acciones en este caso. Garantizar derechos de los pueblos indígenas no es una opción de los Estados, sino una obligación, eso toca.

[1]     En 1971, la empresa OXY inició operaciones en el lote 1ab, y  posteriormente, en el 2001, la concesión pasó a la empresa argentina Pluspetrol, cuya administración culminó el 29 de agosto de 2015.

[2]     Willaqniki N°, Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales. Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú – PCM. Lima, abril 2015

[3]     Las actividades petroleras fueron iniciadas en 1971 por la OXI (Occidental Petroleum Corporation) y luego, por la empresa argentina Pluspetrol Norte desde 1999.

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